DEL DELITO DE ODIO PREVISTO EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA.

 

El artículo 177 del Código Orgánico Integral Penal, establece que la persona que cometa actos de violencia física o psicológica de odio, contra una o más personas en razón de su nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género u orientación sexual, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, condición socioeconómica, condición migratoria, discapacidad, estado de salud o portar VIH, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Si los actos de violencia provocan heridas a la persona, se sancionará con penas privativas de libertad previstas para el delito de lesiones agravadas en un tercio. Si los actos de violencia producen la muerte de la persona, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.

Los delitos de odio tienen lugar cuando una persona ataca a otra y la elige como víctima en función de pertenecer a un determinado grupo social, según su edad, género, identidad de género, religión, raza, etnia, nacionalidad, ideología o afiliación política, discapacidad u orientación sexual.

«Un delito de odio es una conducta violenta motivada por prejuicios, y su producción y reproducción parecen propias de las sociedades humanas a lo largo de la historia.» Esta forma de definir los crímenes de odio que plantea María Mercedes Gómez en el texto «Los usos jerárquicos y excluyentes de la violencia» puede entenderse como una forma de violencia dirigida a personas que pertenecen a un grupo específico, ya sea social, racial o étnico o que tengan una tendencia sexual o religiosa catalogada como «diferente». La manera en que los prejuicios son establecidos depende del contexto social y de los estereotipos que la misma sociedad ha ido creando. Tales prejuicios y en general la violencia que generan, tienen como causa «la necesidad de marcar diferencias entre colectividades hegemónicas y no-hegemónicas» por el miedo de los primeros de perder algunos privilegios. La unificación y la repetición de los prejuicios creados por la sociedad son una forma de legitimar los actos violentos realizados por algunos grupos específicos. Los delitos de odio son vistos por muchos como una forma de realizar las acciones que el Estado no tuvo la capacidad de asumir. Un ejemplo de esto podría ser el paramilitarismo que intenta establecer el orden donde el Estado no tiene presencia. De igual manera estos actos se han convertido en una forma de «violencia discriminatoria» no sólo, como ya se mencionó, contra grupos étnicos sino también muchas veces contra mujeres, siendo éstas vistas, según lo plantea Catharine A. Mackinnon en «Feminismo, Marxismo, método y Estado: hacia una teoría del derecho feminista», como dominadas por el género masculino. Éste es el encargado de medir la igualdad en la ley y por lo tanto será bajo el punto de vista de ellos que se mida la discriminación sexual. Siendo esta medida un tanto subjetiva, se podrían llegar a cometer crímenes de odio contra grupos de mujeres específicos, como lo son las prostitutas, sin que estos sean sancionados de manera indiscriminada sin tener en cuenta ningún prejuicio.

Los Estados, preocupados por la situación existente antes mencionada, han creado leyes contra la discriminación y, en concreto, han creado estatutos contra los crímenes de odio con el fin de brindar protección especial a los grupos que se ven afectados por estas prácticas violentas. Los jueces, con su actuación, tienen el deber constitucional que se le reconozca y garantice, a toda persona o grupo social, el derecho a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses con sujeción a los principios de inmediación y celeridad, por ende, son garantistas de los derechos a la integridad personal que incluye la moral, la igualdad formal, igualdad material y no discriminación, así como el honor, derechos que de no ser tutelados judicialmente, constituirían una inadecuada administración de justicia y falta de cumplimiento de la función judicial de lograr la plena eficacia y acatamiento del ordenamiento vigente, tal como lo establece el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador y artículo 4 del Código Orgánico de la Función Judicial. Se puede concluir que la conducta violenta o los delitos de odio varían dependiendo del contexto y de los prejuicios que tenga una sociedad específica, pero que de igual manera está presente en todas las sociedades, las cuales ya han ido creando medios para solucionar ésta situación.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

Gómez, María Mercedes. «Los usos jerárquicos y excluyentes de la violencia» en «Más allá del Derecho». Ediciones Uniandes.

MacKinnon, Catherine. «Feminismo, marxismo, método y Estado: hacia una teoría del derecho feminista» en «Critica Jurídica». Bogotá: Ediciones Uniandes, 2005

Modarelli, Alejandro. “Cadáveres imprudentes”. Página 12, 25 de abril de 2008.

Constitución de la República

Código Orgánico Integral Penal

Código Orgánico de la Función Judicial

DR. FERNANDO ROSERO GONZÁLEZ
REG. 1.089 COLEGIO DE ABOGADOS DEL GUAYAS
REG. 09-1996-87 FORO DE ABOGADOS

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