DEL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD JURÍDICA.-

La Constitución en el Capítulo VIII, del Título II, reconoce y garantiza los derechos de protección, declarando en el artículo 82 el derecho a la seguridad jurídica fundamentada en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por Autoridad competente.

La seguridad jurídica es un principio del derecho, universalmente reconocido, que se basa en la «certeza del derecho», tanto en el ámbito de su publicidad como en su aplicación, y que significa la seguridad de que se conoce, o puede conocerse, lo previsto como prohibido, ordenado o permitido por el poder público.

La Corte Constitucional ha señalado que el derecho constitucional a la seguridad jurídica establecido en el artículo 82 de la Constitución de la República, se erige en el fundamento de la confianza ciudadana, puesto que destaca el respeto a las disposiciones constitucionales y la preexistencia de la normativa a ser aplicada por parte de los operadores de justicia, por consiguiente, la seguridad jurídica implica la obligación de que las autoridades públicas sujeten sus actuaciones a un marco jurídico preestablecido, a fin de que las personas conozcan cual es el tratamiento que el ordenamiento jurídico otorgará a un hecho determinado, con lo que se evita la arbitrariedad.

Además, la Corte Constitucional en la sentencia No.- 169-15-SEP-CC, estableció que este derecho obliga a los operadores de justicia a observar de forma irrestricta las normas jurídicas que componen el ordenamiento jurídico del país, las cuales deben ser expedidas de manera pública, clara y previa; en consecuencia, el cumplimiento de este derecho permite generar una condición de juridicidad que se traduce en la confianza que el auditorio social tiene respecto de las normas que regulan las relaciones sociales y el cumplimiento de éstas, por parte de las autoridades, garantizando en las controversias jurisdiccionales el derecho a la tutela judicial efectiva de las partes, en base de un adecuado pronunciamiento y resolución sobre sus derechos e intereses.

En el caso de la actividad jurisdiccional, el respeto a la seguridad jurídica es fundamental, puesto que se asegura que las autoridades jurisdiccionales en la resolución de los casos sometidos a su conocimiento observen lo dispuesto en la normativa jurídica, Si en el decurso de un proceso, en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se debe asegurar el derecho al debido proceso y corresponderá a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. Si los administradores de justicia, no cumplen con esta norma constitucional y vulneran el derecho al debido proceso, también vulneran el derecho a la seguridad jurídica.

En resumen, al haberse vulnerado el derecho constitucional al debido proceso, directamente se vulneró el derecho constitucional a la seguridad jurídica, puesto que ambos derechos constitucionales se encuentran relacionados, tal como lo ha reconocido la Corte Constitucional en la sentencia No.- 039-14 SP-CC donde sostuvo que el derecho constitucional al debido proceso en las garantías del cumplimiento de las normas jurídicas y en el juzgamiento de una persona con observancia del trámite propio de cada procedimiento, se constituyen en garantías de fundamental importancia relacionadas íntimamente con al derecho constitucional a la seguridad jurídica, en razón de que tutelan que dentro de los procedimientos judiciales, las personas previamente conozcan las normas y los procedimientos bajos los cuales los mismas serán desarrollados. De ésta forma. El derecho constitucional a la seguridad jurídica, no debe ser analizado de forma aislada de los demás derechos, ya que atendiendo al sentido integral de la Constitución de la República, el mismo debe ser aplicado a la luz de los derechos y principios constitucionales.

La Constitución en su artículo 172 limita el obrar de los jueces a una actuación sujeta a la Constitución y a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley; en consecuencia ejercer su jurisdicción y competencia aplicando el principio de la debida diligencia en los procesos, declarado en el artículo 172 de la Constitución, dejando establecido que además son responsables por los perjuicios que causen por retardo, negligencia o quebrantamiento de la ley. En palabras de la propia Corte Constitucional, según fallo publicado en el Suplemento del Registro Oficial No.- 97 del 29 de diciembre del 2009, página 69, “La seguridad jurídica, como derecho constitucional tutelable, se garantiza en el artículo 82 de la Constitución, que lo determina como la certeza de la norma clara y pública, que se aplicará cumpliendo los lineamientos constitucionales, generando con ello, la confianza y el respeto a la Carta Fundamental. Otra vertiente de certeza y confianza ciudadano en el Estado Constitucional de derechos y justicia, es el acceso franco a una tutela judicial, efectiva, imparcial y expedita, complemento de la seguridad jurídica, porque manda a los operadores judiciales a que realicen una labor diligencia y orientada a plasmar en realidad la defensa de los derechos e intereses de las partes, sin sesgos o prerrogativas…”.La seguridad jurídica es un derecho que ha sido ampliamente analizado por la Corte Constitucional en muchos de sus fallos y cuyo contenido ha sido desarrollado además para cada caso en particular con gran similitud, ya que el núcleo mismo del derecho se constituye en que “…es una garantía que el estado reconoce a la persona para que su integridad, sus derechos y sus bienes no sean violentados y en caso de que esto se produzca, se establezcan los mecanismos adecuados para su tutela. La seguridad jurídica, en definitiva, es el contexto dentro del cual se toman las decisiones individuales, por lo tanto inevitablemente nace una expectativa de que el marco legal es y será confiable, estable y predecible. Por esto, indispensablemente que las decisiones de los actores políticos dentro de un verdadero Estado constitucional de derechos y justicia, se tomen según el sentido lógico de la norma y no según lo lógico de la discrecionalidad”.

DR. FERNANDO ROSERO GONZÁLEZ
REG. 1.089 COLEGIO DE ABOGADOS DEL GUAYAS
REG. 09-1996-87 FORO DE ABOGADOS

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