DEL DERECHO DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS POR DAÑO PRODUCIDO.

El artículo 11 numeral 9 de la Constitución de la República, en concordancia con los artículos 33 del Código Orgánico de la Función Judicial y el artículo 67 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establecen el derecho de repetición que tiene por objeto declarar y hacer efectiva la responsabilidad patrimonial por dolo o culpa grave de las servidoras y servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, cuando el Estado ha sido condenado a reparar materialmente mediante sentencia o auto definitivo en un proceso de garantías constitucionales o en una sentencia o resolución definitiva de un organismo internacional de protección de derechos. El numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República establece: “El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios y, empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos.

El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas. (…)”
El artículo 32 del Código Orgánico de la Función Judicial establece que el Estado será responsable por error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva y por violaciones de los principios y reglas del debido proceso. También lo será cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada en virtud de un recurso de revisión, o cuando alguien haya sufrido prisión preventiva arbitraria y haya sido luego sobreseído o absuelto mediante providencia ejecutoriada. Se considera como servidoras y servidores públicos a las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público. Estos artículos también se aplican para las servidoras y servidores judiciales. 

La máxima Autoridad de la entidad correspondiente responsable, asumirá el patrocinio de esta causa a nombre del Estado y deberá interponer la demanda ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Provincial competente para que se reintegren al Estado los recursos erogados por concepto de reparación. Cuando el Gobierno Autónomo Descentralizado ha reparado a la víctima, intervendrá el representante legal de la institución.

Se contará para la defensa de los intereses del Estado, con la intervención de la Procuradora o Procurador General del Estado. En caso de que la máxima autoridad fuere la responsable directa de la violación de derechos, el patrocinio de la causa lo asumirá la Procuraduría General del Estado, La jueza o juez deberá poner en conocimiento de la máximo autoridad de la entidad responsable y de la Procuradora o Procurador General la sentencia o auto definitivo de un proceso de garantías jurisdiccionales o del representante del Gobierno Autónomo Descentralizado. Cualquier persona puede poner en conocimiento de la Procuradora o Procurador General la existencia de una sentencia, auto definitivo o resolución de un organismo internacional competente en la cual se ordena la reparación material.  De igual forma, cualquier persona podrá interponer la acción de repetición ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Provincial competente.

La acción no vincula procesalmente a la persona. La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Provincial competente deberá comunicar inmediatamente a la máxima autoridad de la entidad correspondiente para que asuma el patrocinio de la causa. La máxima autoridad de la entidad y la Procuradora o Procurador General no podrá excusarse de participar en el procedimiento de repetición. En caso de que la máxima autoridad de la entidad no demande la repetición o no asuma el patrocinio de la causa cuando la acción ha sido interpuesta por un particular, se podrá interponer una acción por incumplimiento en su contra.  El artículo 69 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece el procedimiento para la investigación previa a la demanda. El artículo 70 establece el contenido y requisitos que debe tener para su admisibilidad la demanda de repetición y su trámite está previsto en el artículo 71 ibídem. El artículo 72 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece el procedimiento y forma para que la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Provincial competente, pronuncie su sentencia la misma que será verbal y debidamente fundamentada y motivada. El artículo 72 ibídem establece el recurso de apelación, que se podrá interponer ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia. El ejercicio del derecho de repetición contra las personas responsables del daño producido, se adoptará sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales. De haber varios responsables, todos quedarán solidariamente obligados al reembolso o pago ordenado por el daño producido.              

DR. FERNANDO ROSERO GONZÁLEZ 
REG. 1089 COLEGIO DE ABOGADOS DEL GUAYAS
REG. 09-1996-87 FORO DE ABOGADOS

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