LA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2.008. FUNCIÓN JUDICIAL Y LOS PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

 

Desde que el Ecuador se constituyó en un Estado constitucional, libre, democrático y soberano se han dictado las siguientes Constituciones. En Riobamba 1830; en Ambato 1835; en Quito 1843; en Cuenca 1845, en Quito 1851; en Guayaquil 1852; en Quito 1861; en Quito 1869; en Ambato 1878; en Quito 1884; en Quito 1897; en Quito 1906; en Quito 1928; en Quito 1938; en Quito 1945; en Quito 1946; en Quito 1967; en Quito 1978; en Riobamba 1998; en Montecristi 2.008. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. En las diferentes Constituciones se han establecido los principios básicos de la administración de la justicia con algunas variantes, pero que, como concepto ha sido objeto de reflexión filosófica, legal, teológica y de debate a través de nuestra historia republicana.

Se afirma que la Justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, así como la verdad es a los sistemas del pensamiento. La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar o conceder a cada uno su derecho. Los derechos son el de vivir honestamente, no hacer daño a nadie y dar a cada uno lo suyo. Así lo definió el jurista Ulpiano en el Derecho Romano. La justicia no es el dar o repartir cosas a la humanidad, sino el saber decidir a quien le pertenece esa cosa por derecho. La justicia es ética, equidad y honestidad. Es la voluntad constante de dar a cada uno lo que le corresponde. Es aquel referente de rectitud que gobierna la conducta y nos constriñe a respetar los derechos de los demás. Nuestro derecho termina, donde comienza el derecho ajeno. Todas las virtudes están comprendidas en la Justicia.

En definitiva, la verdadera Justicia es el arte de dar a cada uno lo suyo, o bien, hacer a un individuo dar lo suyo a otro, ello con base en los principios de la ciencia del Derecho, lo cual debe hacerse sin discriminar ni mostrar preferencia alguna por nadie, toda vez que las personas deben ser tratadas por igual para, poder estar en condiciones de aplicar la Justicia a plenitud. En la Constitución del 2.008, a partir del artículo 167 se establecen los principios de la administración de justicia. «La potestad de administrar justicia, emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y funciones establecidas en la Constitución». Administrar justicia es el ideal más aspirado por toda sociedad organizada, pues significa progreso, paz social, justicia para todos. De acuerdo con la conformación actual de la función de jueces y magistrados, «administrar justicia», esa suprema contribución a la consecución de la paz social en supuestos concretos de controversia jurídica entre partes, se ejerce, en un estado de Derecho, con la Ley como pauta esencial a la que aquellos están constitucionalmente sometidos.

De hecho, la sumisión del Juez a la Ley y al Derecho es entendida como garantía esencial de éste frente a ataques a su independencia provenientes de terceros, pero también debe ser garantía ciudadana frente a la extra limitación de los Jueces y Magistrados, con el fin de evitar que sus decisiones se produzcan al margen de la ley o en virtud de criterios que, por legítimos que se quieran entender, rebasan las fronteras de la ley, llegando a la arbitrariedad, al abuso e incluso a una manifiesta corrupción. «La administración de justicia es, de este modo, una de las diferentes acepciones de la palabra jurisdicción -es decir, etimológicamente, de la jurisdictio o dicción del Derecho-, y consiste así en una función pública derivada de la soberanía del Estado que se atribuye a los jueces y magistrados, en solitario o colegiadamente integrados en Secciones o en las Salas de Justicia de los Tribunales». El artículo 168 de la Constitución establece que la Administración de justicia en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios:

1.- Los órganos de la Función Judicial gozarán de independencia interna y externa. Toda violación a este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal de acuerdo con la ley;

2.- La Función Judicial gozará de autonomía administrativa, económica y financiera.

3.- En virtud de la unidad jurisdiccional, ninguna autoridad de las demás funciones del Estado, podrá desempeñar funciones de administración de justicia ordinaria, sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales reconocidas por la Constitución;

4.- El acceso a la administración de justicia será gratuito. La ley establecerá el régimen de costas procesales;

5.- En todas sus etapas, los juicios y sus decisiones serán públicos, salvo los casos expresamente señalados en la ley;

6.- La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo.

El artículo 169 de la Constitución, establece el sistema procesal, como un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades.

El artículo 170 de la Constitución, establece que para el ingreso a la Función Judicial se observarán los criterios de igualdad, equidad, probidad, oposición, méritos, publicidad, impugnación y participación ciudadana. Se reconoce y garantiza la carrera judicial en la justicia ordinaria. Se garantizará la profesionalización mediante la formación continua y la evaluación periódica de las servidoras y servidores judiciales, por parte del Consejo de la Judicatura, como condiciones indispensables para la promoción y permanencia en la carrera judicial.

DR. FERNANDO ROSERO GONZÁLEZ
REG. 1.089 COLEGIO DE ABOGADOS DEL GUAYAS
REG. 09-1996-87 FORO DE ABOGADOS.

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