PRINCIPIOS BÁSICOS PENALES EN LA ACCIÓN PÚBLICA.-

 

Para empezar a analizar los principios penales en la acción pública, es necesario expresar el precepto penal que establece que “en Derecho se debe probar todo lo que se asevera”, ello con el propósito de tener una mejor apreciación de lo que implica que dentro de un proceso penal de carácter público, el núcleo del sistema acusatorio recae sobre la fiscalía y que a través del principio de objetividad, el sujeto activo de la acción penal adquiere trascendental importancia, sin que pueda prescindirse de la participación activa en el proceso y en el aporte probatorio, que es el llamado a replicar la argumentación de la defensa del procesado y a desvirtuar la garantía de rango constitucional que le asiste al procesado, esto es, la presunción de inocencia, mediante la presentación de la teoría del caso y el aporte del acervo probatorio. El maestro Luigui Ferrajoli señala que: “(…) se puede llamar acusatorio a todo sistema procesal que concibe al juez como un sujeto pasivo rígidamente separado de las partes y al juicio como una contienda entre iguales iniciada por la acusación, a la que compete la carga de la prueba, enfrentada a la defensa en un juicio contradictorio, oral y público y resuelta por el juez según su libre convicción”. En el caso, que nos ocupa, podemos establecer que se protege el derecho a la presunción de inocencia, al debido proceso penal, tutela judicial efectiva, seguridad jurídica, por lo cual, analizamos preceptos y disposiciones legales como lo especifica el Código Orgánico de la Función Judicial y el Código Orgánico Integral Penal, en sus diferentes articulados; así se determinan los principios básicos penales:

1.- PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD.- La actuación de las juezas y jueces de la Función Judicial será imparcial, respetando la igualdad ante la ley. En todos los procesos a su cargo, las juezas y jueces deberán resolver siempre las pretensiones y excepciones que hayan deducido los litigantes, sobre la única base de la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, la ley y los elementos probatorios aportados por las partes. Con la finalidad de preservar el derecho a la defensa y a la réplica, no se permitirá la realización de audiencias o reuniones privadas o fuera de las etapas procesales correspondientes, entre la jueza o el juez y las partes o sus defensores, salvo que se notifique a la otra parte de conformidad con lo dispuesto en el numeral 14 del artículo 103 del Código Orgánico de la Función Judicial. Por otro lado, el artículo 186 numeral 6 de la Constitución de la República, establece: “La administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios: (…) 6. La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo”. Artículo 19 del Código Orgánico de la Función Judicial;

2.- PRINCIPIOS DISPOSITIVO, DE INMEDIACIÓN Y CONCENTRACIÓN.- Todo proceso judicial se promueve por iniciativa de parte legitimada. Las juezas y jueces resolverán de conformidad con lo fijado por las partes como objeto del proceso y en mérito de las pruebas pedidas, ordenadas y actuadas de conformidad con la ley.-

3.- PRINCIPIO DE OBJETIVIDAD.- En el marco del Código de Procedimiento Penal y la doctrina es coligue que en el ejercicio de su función, la o el fiscal adecuará sus actos a un criterio objetivo, a la correcta aplicación de la ley y al respeto a los derechos de las personas. Investigará no solo los hechos y circunstancias que funden o agraven la responsabilidad de la persona procesada, sino también los que la eximan, atenúen o extingan. Desde una perspectiva general, por el Principio de Objetividad, el Fiscal tiene que propender a conseguir no solo los elementos de cargo contra un imputado, sino también los elementos de eventual descargo que pudieran existir, a partir de los actos de investigación que disponga realizar. Ello implica igualmente, que la decisión que tome el Fiscal al término de las investigaciones preliminares o de la Investigación Preparatoria, tiene que corresponder objetivamente a dichos elementos probatorios, indicios y evidencias, que sustenten o que enerven los cargos imputados. El Fiscal no puede pues, tomar una decisión arbitraria, su criterio discrecional debe reflejar el resultado de las investigaciones, ya sea que estos abonen a favor de la hipótesis incriminatoria del imputado o en contra de la misma. El Principio de Objetividad, en tal sentido, se encuentra profundamente ligado y se explica en razón a su relación y correspondencia, con los otros Principios que rigen la labor fiscal, tales como el Principio de Legalidad, de Razonabilidad, de interdicción de la Arbitrariedad y del Debido Proceso. Ello, obliga, a que para cumplir con la función que le ha sido conferida, como titular de la acción penal y director del proceso de investigación, el Fiscal deba realizar todas las diligencias necesarias para determinar plenamente los hechos y la responsabilidad o no del imputado. Como señala ROXIN: “debe investigar también las circunstancias que sirvan de descargo.(..) “La Fiscalía tiene que averiguar los hechos; para ello, debe reunir con el mismo empeño, tanto los elementos de cargo como los de descargo.” En este orden de ideas, siguiendo las directrices y recomendaciones de las NACIONES UNIDAS, dictadas en el 8vo Congreso sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, realizado en la Habana-Cuba en 1990, en su Artículo 13 B, el Fiscal debe proteger el interés público, actuando con objetividad y teniendo en consideración: “tanto la situación del acusado como la de la víctima y todas las circunstancias del acusado ya sean éstas exoneradoras o incriminatorias”.-

4.- PRINCIPIO DE LEGALIDAD.- El numeral 3 del artículo 76 de la Constitución, establece que no hay infracción penal, pena, ni proceso penal sin ley anterior al hecho. «Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de ora naturaleza, ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la Ley». Este principio rige incluso cuando la ley penal se remita a otras normas o disposiciones legales para integrarla. El principio de legalidad constituye la expresión de uno de las más importantes fines de garantía individual asumidos por el Derecho penal moderno. A este respecto, poco importa que en sus orígenes, esto sea, en los planteamientos de autores previos a la codificación (BECCARIA, FEUERBACH), la legalidad se contemplara de otro modo. Concretamente, como ha puesto de manifiesto NAUCKE, ésta, en lo esencial, se entendía como refuerzo de una política criminal preventivo general, a la que aportaría el requisito de la “certeza” del castigo, con la consiguiente mayor efectividad de la norma correspondiente. En tal esquema teórico, el aseguramiento de las libertades desempeñaría un papel meramente secundario. Lo cierto es, no obstante lo anterior, que tan pronto como la legalidad se convierte en un dato “preexistente”, la misma pasa a ser, al menos teóricamente, una “barrera infranqueable”, un instrumento protector del delincuente, una garantía de la libertad individual frente a las intervenciones del Estado. Con ello, a la vez, entra en colisión con la dinámica de la prevención. Desde perspectivas preventivitas, pues, se tratará de recortar el alcance del principio de legalidad. En el principio de legalidad se suelen advertir tradicionalmente una dimensión técnica y una dimensión política. En el primer aspecto, dicho principio proporcionaría la esencial garantía de la seguridad jurídica: que los ciudadanos sepan; en la medida de lo posible, dados los mecanismos a través de los cuales se adquiere tal conocimiento; qué conductas pueden realizar y cuáles no, con qué penas pueden ser sancionadas sus infracciones de las normas, en qué marco procesal y con qué condiciones de ejecución.- Otros principios importantes también son:

5.- PUBLICIDAD.- La acción penal está dirigida a los órganos del Estado y tiene además, importancia social, puesto que está orientada a restablecer el orden social perturbado por la comisión de un delito.-

6.- OFICIALIDAD.- Por tener carácter público, su ejercicio se halla monopolizado por el Estado a través del Ministerio Público, titular de la acción penal y que actúa de oficio, a instancia de la parte agraviada, por acción popular o por parte policial (con excepción de los delitos previstos para el ejercicio privado de la acción penal). El Ministerio Público tiene la facultad de perseguir de oficio (oficiosidad) el delito sin necesidad de denuncia previa o por noticia de la comisión de un hecho delictivo. La oficialidad y oficiosidad son características que tienen un mismo origen: el monopolio del Estado en la persecución del delito.-

7.- INDIVISIBILIDAD.- La acción penal es única, si bien en el proceso aparecen actos diversos promovidos por el titular de la acción penal, la acción es única y tiene una sola pretensión: la sanción penal que alcanza a todos los que han participado en la comisión del delito. No existen distintas acciones que correspondan a cada agente, sino una acción indivisible.-

8.- OBLIGATORIEDAD.- La obligación por parte del Ministerio Público de ejercitar la acción penal ante la noticia de la presunta comisión de un hecho ilícito.-

9.- IRREVOCABILIDAD.- Una vez promovida la acción penal sólo puede concluir con una sentencia firme condenatoria o absolutoria o con un auto que declara el sobreseimiento o no haber lugar a juicio oral o declara fundada una excepción. No hay posibilidad de desistimiento o transacción, como ocurre en el caso de los procesos iniciados por acción privada o en los casos en los que se aplican los Criterios de Oportunidad. Esta característica es la que distingue la acción pública de la privada.-

10.-INDELEGABILIDAD.- La ley sólo autoriza al que tiene el derecho de ejercer la acción penal, por tanto, es un derecho indelegable, intransferible. En el caso de la acción penal pública, esta facultad está en manos del Ministerio Público.

DR.FERNANDO ROSERO GONZÁLEZ
REG. 1.089 COLEGIO DE ABOGADOS DEL GUAYAS
REG. 09-1996-87 FORO DE ABOGADOS

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